Los escritos de ‘amicus curiae’ demuestran el daño que la orden ejecutiva de Trump relacionada con la ciudadanía por nacimiento le causaría a los latinos
SAN FRANCISCO – El primer día de su segundo mandato, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva con la que intentó acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. La orden es claramente inconstitucional, ya que viola la garantía de la Decimocuarta Enmienda que establece que todas las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanas.
También amenaza con causar graves daños, en particular a las comunidades latinas y a todo el pueblo estadounidense en general, tal como lo demuestran los numerosos escritos de amicus curiae presentados en la reciente causa de la Corte Suprema que disputa la orden ejecutiva. Si en algún momento, esta orden entrara en vigencia, les negaría a los niños protecciones constitucionales fundamentales y servicios importantes, al tiempo que prepararía el terreno para llevar a cabo más deportaciones.
Si bien la orden sigue bloqueada mientras la Corte decide el caso, estos escritos y otros estudios recientes nos recuerdan que hay que permanecer alertas sobre las amenazas reales que representan estos ataques de la administración contra la ciudadanía.
Las comunidades latinas son las más vulnerables frente a esta orden ejecutiva de Trump. Bajo sus términos técnicos, la orden le negaría la ciudadanía a todo niño que en el futuro nazca en los EE. UU. de personas inmigrantes indocumentadas y a todo hijo de padres que se encuentren en el país con una autorización legal temporal, como una visa de estudio o trabajo. Eso hace que la orden perjudique muchísimo más a las familias latinas.
Un estudio que aparece en los escritos reveló que, a corto plazo, las comunidades latinas terminarían representando casi el 80 por ciento de todos los “nacimientos no autorizados”, es decir, nacimientos de padres indocumentados. Para el año 2050, las personas latinas constituirían más del 90 por ciento de las “personas no autorizadas” nacidas en los Estados Unidos. Se prevé que este será un grupo muy grande: otro estudio predice que, en los próximos 20 años, nacerán “al menos 750,000 niños… de madre y padre indocumentados o inmigrantes temporales de cualquier raza o etnicidad.
La orden les negaría a estos futuros niños los derechos constitucionales que han estado vigentes durante siglos. La Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en los Estados Unidos, con tan solo unas pocas excepciones, y así ha sido desde 1868. Muchas leyes federales vigentes desde hace tiempo y la jurisprudencia de la Corte Suprema también han reconocido este derecho. La orden ejecutiva acabaría con todo esto si, en algún momento, entrara en vigencia.
La pérdida de esos derechos crearía lo que la organización LatinoJustice PRLDEF y otros 22 grupos han descrito como un “sistema de inmigración racializado”, donde las personas latinas serían mayormente relegadas a una clase social más baja, debido a su falta de ciudadanía. Sin ciudadanía, estos niños no podrían gozar de los derechos y las protecciones legales fundamentales, como las protecciones contra la deportación, garantías que cobran especial importancia a medida que la administración Trump acelera y recrudece sus agresivos intentos de deportar a las personas no ciudadanas.
Tampoco podrían recibir los beneficios de numerosos programas y servicios federales y estatales, según un escrito presentado por un grupo de gobiernos y líderes locales. Por ejemplo, no podrían participar en los programas federales de seguro médico como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por su sigla en inglés).
En ese caso, la salud de las niñas y los niños latinos correría un gran peligro. Sin seguro médico, los niños que no tienen ciudadanía tendrían menos probabilidades de recibir una atención de salud preventiva, tales como los controles de salud y las vacunas que los protegen de las enfermedades prevenibles.
Asimismo, según los gobiernos y líderes locales, estos niños también perderían el acceso a los beneficios federales de asistencia nutricional, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés), que es el “programa de lucha contra el hambre más importante de la nación”.
Otro escrito presentado por la fundación Aoki Center for Critical Rice and Nation Studies explica que también podrían perder la capacidad de conseguir un empleo legal, participar en programas estatales de asistencia financiera o de matrícula para su educación y tener acceso a los aspectos cotidianos de la vida cívica y económica, como obtener una licencia de conducir o comprar una casa.
De adultos, esos niños tampoco podrían votar ni desempeñarse como jurados. Tal como lo explica la organización LatinoJustice PRLDEF, es “una amenaza contra la mismísima institución de gobierno” imponer las leyes de un país sobre un grupo de personas y, al mismo tiempo, “negarles la capacidad de participar en [el] proceso democrático” en donde viven inmersas.
Además, en el peor de los casos, según advierte un grupo de profesionales de la salud y asociaciones sin fines de lucro, algunos niños podrían convertirse en apátridas. Como personas apátridas, ninguna nación las reconocería como sus ciudadanos. Estos niños podrían terminar siendo deportados a países extranjeros donde nunca han vivido.
Sin embargo, los intentos de la administración Trump de negarles la ciudadanía a estos recién nacidos no solo amenazan a las comunidades latinas de los Estados Unidos. En combinación con los agresivos esfuerzos de esta administración de deportar a las personas no ciudadanas, estas prácticas también amenazan a todo el pueblo estadounidense del que las comunidades latinas forman parte.
Las personas latinas son fundamentales para el mercado laboral actual, tal como lo exponen LatinoJustice PRLDEF y otras organizaciones. Componen el 48.7 por ciento del mercado laboral de las personas extranjeras en el país. Y los hombres latinos indocumentados tienen un 26 por ciento más de probabilidades de participar en la fuerza laboral que los hombres nacidos en los Estados Unidos. A menudo, ocupan puestos esenciales de los que dependemos muchas personas en los Estados Unidos, tal como el cuidado de niños y el trabajo manual en los sectores agrícola y de la construcción. Las políticas de ciudadanía e inmigración de Trump amenazan con dejar vacíos estos puestos de trabajo.
Las comunidades inmigrantes latinas también comparten la carga impositiva en el país. Tal como lo explican las organizaciones, “en 2022, las personas inmigrantes —de las cuales la mayoría son latinos— pagaron más de $579 mil millones” en impuestos, y las personas inmigrantes indocumentadas pagaron más de $31 mil millones en concepto de impuestos para el Seguro Social y Medicare. Estos ingresos impositivos se reducirían —o acaso desaparecerían por completo— con las políticas de la administración Trump.
La orden ejecutiva del presidente Trump amenaza con causar todos estos daños y más si, en algún momento, se le permitiera entrar en vigencia.
Por ahora, los tribunales la han bloqueado. Se prevé que la Corte Suprema emita su decisión definitiva sobre el destino de esta orden antes del 4 de julio.