NUEVA YORK – El depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro está pidiendo a un juez federal en Nueva York que desestime el caso de narcotráfico en su contra, argumentando que los tribunales estadounidenses no tienen autoridad para procesar a alguien a quien Venezuela todavía consideraba su jefe de Estado en ejercicio cuando fuerzas estadounidenses lo capturaron en Caracas y lo trasladaron a Estados Unidos.
La solicitud plantea una extraordinaria batalla legal sobre si Maduro puede acogerse a las protecciones tradicionalmente otorgadas a los jefes de Estado extranjeros, a pesar de que Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela años antes de su captura.
Los abogados de Maduro argumentaron en documentos presentados el miércoles ante un tribunal federal de Manhattan que la acusación debe ser desestimada porque los jefes de Estados soberanos gozan de inmunidad frente a procesos penales en tribunales extranjeros.
“Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en ejercicio en el momento en que se presentaron los cargos”, escribieron sus abogados. “Eso no es un accidente de la historia. Refleja una regla anterior al derecho consuetudinario: los jefes de Estado están exentos de los procesos penales de cualquier tribunal nacional que no sea el de su propio país”.
La esposa de Maduro, Cilia Flores, presentó una moción separada solicitando la desestimación del caso por argumentos similares de inmunidad soberana. Sus abogados sostuvieron que esa protección pertenece a la propia Venezuela y que “solo Venezuela puede renunciar a ella”.
Las mociones piden al juez federal Alvin Hellerstein que se pronuncie sobre una cuestión jurídica con pocos precedentes directos: si un líder extranjero puede invocar inmunidad como jefe de Estado cuando su propio gobierno continuaba considerándolo presidente, pero Washington no.
Maduro y Flores permanecen recluidos en una cárcel federal de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los capturaron en su residencia de Caracas durante una operación nocturna el 3 de enero y los trasladaron a Nueva York. Ambos se han declarado inocentes y tienen previsto ir a juicio a partir del 1 de junio de 2027. Podrían enfrentar cadena perpetua si son declarados culpables de participar en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.
El gobierno de Trump ha descrito la operación que condujo a la captura de Maduro como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley”. Maduro ha calificado su captura de secuestro y se ha declarado prisionero de guerra.
Sin embargo, su argumento de inmunidad enfrenta un obstáculo importante: Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019.
Washington rechazó la legitimidad de las elecciones de 2018 que mantuvieron a Maduro en el poder y también consideró fraudulenta su reelección en 2024. Maduro ha sostenido que ambas elecciones fueron legítimas y durante años ha acusado a Estados Unidos de intentar sacarlo del poder para obtener el control de las enormes reservas petroleras de Venezuela.
Expertos legales dicen que Maduro enfrenta una difícil batalla porque los tribunales estadounidenses generalmente se remiten al Poder Ejecutivo a la hora de determinar a quién reconoce Estados Unidos como líder legítimo de otro país.
Los abogados de Maduro argumentan que la negativa de Washington a reconocer la legitimidad de su gobierno no resuelve la cuestión de la inmunidad. El abogado Barry Pollack sostiene que Maduro continuaba siendo jefe de Estado de Venezuela independientemente de que Estados Unidos considerara legítima o no su presidencia.
“A diferencia del caso Noriega, el Poder Ejecutivo no cuestiona que el señor Maduro fuera el jefe de Estado de Venezuela, sino que simplemente afirma que, después de 2019, no ocupó legítimamente ese cargo”, escribió Pollack en la moción.
Esa distinción podría convertirse en un elemento central del intento de Maduro de diferenciar su caso del del exgobernante panameño Manuel Noriega, uno de los antecedentes históricos más comparables.
Después de que fuerzas estadounidenses invadieran Panamá y capturaran a Noriega en 1989, fue trasladado a Miami para enfrentar cargos federales por narcotráfico. Un juez federal rechazó en 1990 su intento de invocar inmunidad como jefe de Estado, en parte porque Noriega nunca había ostentado oficialmente el título de presidente.
Los abogados de Maduro sostienen que sus circunstancias son fundamentalmente diferentes porque ocupó formalmente la presidencia de Venezuela y continuó siendo reconocido como presidente por las autoridades venezolanas.
Pollack argumentó que el procesamiento viola “la inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal a la que los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales han tenido derecho durante cientos de años”. Maduro también “niega vehementemente” las acusaciones penales, dijeron sus abogados.
La defensa también ha presentado un segundo argumento de inmunidad. Incluso si el juez determina que Maduro no puede reclamar inmunidad absoluta como jefe de Estado, sus abogados sostienen que tiene derecho a lo que se conoce como inmunidad soberana basada en la conducta, porque las acciones que sustentan los cargos supuestamente fueron realizadas como parte de sus funciones oficiales.
Los fiscales federales acusan a Maduro de participar en una conspiración que ayudó a trasladar enormes cantidades de cocaína a Estados Unidos mediante la colaboración con funcionarios de las fuerzas de seguridad venezolanas para ayudar a narcotraficantes.
El caso penal fue presentado inicialmente hace seis años contra Maduro y numerosos presuntos co-conspiradores. Su captura transformó una acusación que en algún momento parecía improbable que llegara a un tribunal estadounidense en el posible juicio de un hombre que gobernó Venezuela durante más de una década.
La disputa sobre el estatus de Maduro se ha complicado aún más debido a los acontecimientos políticos ocurridos en Caracas desde su captura.
Su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha gobernado Venezuela como presidenta interina y ha incrementado considerablemente la cooperación con el gobierno de Trump. Los dos gobiernos han restablecido las relaciones diplomáticas y ampliado la cooperación en torno a la industria petrolera venezolana.
Los abogados de Maduro argumentan que las relaciones de Washington con Rodríguez ponen de manifiesto una contradicción en su posición.
Pollack calificó de “incongruente” que Estados Unidos reconozca a un gobierno encabezado por Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, mientras rechaza la afirmación de Maduro de que era el jefe de Estado legítimo de Venezuela.
La defensa también citó declaraciones de Rodríguez y otros funcionarios venezolanos realizadas poco después de la captura de Maduro que indicaban que continuaban considerándolo el presidente legítimo del país. Desde entonces, el gobierno de Rodríguez ha dejado en gran medida de pronunciarse públicamente sobre el estatus de Maduro, mientras que algunos murales que lo representaban en Caracas han sido cubiertos con pintura en los últimos meses.