La decisión judicial de la magistrada Denise Casper transforma una medida cautelar preliminar, en una restricción definitiva sobre estas políticas propuestas
WASHINGTON – na jueza federal emitió este miércoles una prohibición permanente que impide al gobierno del presidente Donald Trump ejecutar los aspectos centrales de su orden ejecutiva sobre procesos electorales.
La decisión judicial de la magistrada Denise Casper, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, transforma una medida cautelar preliminar, dictada inicialmente hace un año, en una restricción definitiva sobre las políticas propuestas por la administración.
Argumentos de la decisión judicial
El gobierno federal argumentó que la demanda presentada por fiscales generales demócratas era “prematura”, dado que las nuevas normas aún no habían entrado en vigor. Sin embargo, la jueza Casper rechazó este planteamiento y determinó que la orden de la Casa Blanca vulnera la separación de poderes establecida en la Constitución.
“(La Constitución) no otorga al Presidente ningún poder específico en materia de elecciones”, señaló Casper en su medida judicial
Asimismo, la magistrada enfatizó que, bajo el marco constitucional vigente, la facultad para regular los tiempos, lugares y formas de llevar a cabo los comicios recae exclusivamente en los estados y en el Congreso.
Alcance de la orden bloqueada
La orden ejecutiva del presidente Trump pretendía introducir cambios significativos en el sistema electoral nacional. Entre las medidas que han quedado bloqueadas permanentemente se encuentra la exigencia de presentar pruebas documentales de ciudadanía para registrarse y participar en elecciones federales.
Asimismo, la normativa buscaba prohibir el conteo de papeletas enviadas por correo que llegaran a los centros electorales después del día de la votación, incluso si contaban con el matasellos correspondiente a la fecha límite. Finalmente, el fallo bloquea la disposición que autorizaba al Ejecutivo a retener fondos federales a aquellos estados que se negaran a aplicar estas nuevas directrices.
Con esta resolución, el tribunal reafirma que cualquier alteración sustancial en la normativa electoral requiere de un proceso legislativo que supere las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Constitución.